Por: José María Jarry, profesor de historia
Comenzaban los días de la pandemia y todos nuestros espacios cotidianos se vaciaban de personas. De pronto, postales de avenidas vacías, malls cerrados, rostros taciturnos en el metro y una mezcla de miedo e incertidumbre se sentía en todos lados. Sin embargo, entre todos los despachos por televisión había un lugar del que no se hablaba, de uno que incomoda por todas las realidades que esconde: La cárcel.
El 15 de marzo el Ministerio de Justicia señala medidas de control sanitario en visitas, reducción de frecuencia y números, y medidas de aislamiento en caso de sospechosos o contagiados en cárceles, y tres días después se comienzan a aplicar restricciones de visitas. Se prohíbe el ingreso a embarazadas, menores de edad y tercera edad. En un principio, bajo el temor del virus y con ello el peligro real de un contagio masivo al interior de los recintos penitenciarios, las/os mismos internos solicitaron la suspensión de visitas para cuidarse a ellas/os y sus familias. De la misma manera, se intenta una serie de penas conmutativas e indultos para evitar el hacinamiento en los recintos, cuyos niveles (en promedio) bajaron de un 104% a un 94%. Sin embargo, el hacinamiento sigue siendo una realidad en muchos penales, llegando hasta un 250% de sobrepoblación, como es el caso del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur (Ex penitenciaría) en donde la “capacidad libro” de internos está altamente superada a niveles insostenibles, lo que trae consigo graves riesgos sanitarios que no son atendidos, dado que no se cumplen protocolos como la disposición de alcohol gel, mascarillas ni sanitización de los espacios donde viven quienes están privados/as de libertad. La prohibición de visitas significa también la imposibilidad de ingreso de enseres personales y de higiene por parte de familiares, ya que las encomiendas tampoco están permitidas.
Para paliar la suspensión de visita, el 27 de marzo se habilita un plan piloto de teléfonos o videollamadas al interior de las unidades penales, lo que sería una medida provisoria para mantener a las/os internos en comunicación con sus círculos cercanos. Sin embargo, y aunque la medida funciona en algunos penales, en la mayoría de los casos los teléfonos son utilizados como un elemento de castigo y/o chantaje contra las/os internos por parte del personal de gendarmería, al serles negados en caso de mala conducta o sencillamente como medida de amedrentamiento. Otra medida que preocupa es el traslado arbitrario de internos/as a otros penales fuera de sus regiones y sin contacto con sus familias ni herramientas de apoyo. Estas medidas de aislamiento y prohibición de visitas además de suscitar problemas al interior de los penales significan un daño emocional y psicológico a las personas privadas de libertad. Al respecto, Joseph Murray, doctor en psiquiatría del Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge señala que “la pérdida del contacto con el mundo exterior es considerado el aspecto más doloroso de la reclusión y tiene como corolario el deterioro paulatino de las relaciones sociales y familiares que la persona mantenía antes de su encarcelamiento” (Cambridge: Cambridge Criminal Justice Series, 2005). La población penitenciaria lleva más de ocho meses sin recibir visitas e incluso los traslados a centros de salud están controlados a niveles mínimos.
Lo que se está viviendo en los recintos penitenciarios de Chile es grave. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las personas reclusas gozan del derecho a protección de la familia y con ello la preservación de la unidad del núcleo familiar, obstaculizar este derecho se considera “pena o trato cruel” y contraviene el artículo 5 de la Convención Americana de DDHH. Hoy la prohibición de visitas y aislamiento de las y los internos corresponde a una sanción que no cuenta con un fundamento legal, sino que devela el olvido en el que se encuentra la población penitenciaria. No se ha hecho una revisión exhaustiva de las medidas y se mantienen igual desde el inicio de la pandemia. Esa revisión podría significar una reevaluación del confinamiento y desescalar la prohibición de visitas a través de un programa “paso a paso” en establecimientos penales, lo que tendría un efecto pacificador en la población penitenciaria y en quienes se desenvuelven en diferentes tareas al interior de los penales. El Papa durante la audiencia que tuvo el 2019 con personal administrativo, médicos, educadores, capellanes y voluntarios del Penal Regina Coeli de Roma, les instaba a que los penales fueran “laboratorios de esperanza”, en donde “la experiencia demuestra que la cárcel, con la ayuda de los agentes penitenciarios, puede transformarse verdaderamente en un lugar de redención, de resurrección y de cambio de vida”, a través de “caminos de fe, de trabajo y de formación profesional, pero sobre todo, de cercanía espiritual y de compasión, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, que se inclinó a curar al hermano herido”. Una “actitud de cercanía” que encuentra su raíz en el amor de Cristo, dice Francisco, y que puede favorecer en los detenidos “la confianza, la conciencia y la certeza de ser amados”.
Una cultura carcelaria con la reparación y la dignidad como centro abre los caminos para la paz y la reinserción. Y hoy, el primer paso, es terminar con el aislamiento de miles de personas que viven en centros penitenciarios.