Por: Sebastián Poblete, economista.
El retiro del 10% de los fondos de AFP se aprobó entre cacerolazos. Alcanzó el cuórum extremadamente alto que se le exige a las reformas constitucionales en la cámara de diputados, y los senadores de oposición más varios de oficialismo ya aprobaron la medida. Hay que esperar la promulgación del presidente. Quiero exponer primero porqué, desde un punto de vista netamente económico (de corto y largo plazo) había alternativas mejores para solventar la falta de fondo de la economía. Pero también, quiero exponer porqué eso, en particular hoy, es poco importante a la hora de discernir (políticamente) la validez de este (y quizás otros) proyecto de ley. Por último, a partir de esas exposiciones, quiero proponer un punto de reflexión que, siendo un cliché, quizás es atingente para hacer reflexión política hoy.
El retiro de los fondos no es conveniente, en términos netamente monetarios, frente a las alternativas de política pública propuestas por el gobierno y las que ya están en funcionamiento (con acuerdo del gobierno y la oposición). Las matemáticas han sido discutidas por economistas de prácticamente todo el espectro político (desde Claudia Sanhueza, de Revolución Democrática; pasando por Rodrigo Valdés, del PPD, y prácticamente todos los miembros de Libertad y Desarrollo, típicamente asociado a la UDI). El argumento es simple:
Es más “caro” pagar con las propias pensiones, porque se puede recibir muchísimo más dinero con el crédito blando que propuso el gobierno. Además, sale más barato tener que devolver plata al Estado, porque el crédito blando que se propuso no tiene interés y vence en 4 años aunque no se pague por completo. En cambio, mientras ese 10% está fuera de tu fondo de ahorro, no está “rentando” (no están pagando por ese ahorro que se saca, que es cómo funciona el sistema AFP o de “capitalización individual”). También, si el fondo solidario que repondría las pensiones sacadas se demora (para que las personas no paguen la crisis individualmente), la pérdida en las pensiones será permanente. Esto porque aún no conocemos en qué tiempo el Estado podrá reponer las pensiones sacadas, dado el gran volumen de dinero que tendría que gastar de una sola vez, algo siempre difícil de hacer. También, con ese monto, muchísimo mejor sería expandir el Ingreso Familiar de Emergencia tanto en monto (llegar a la línea de la pobreza, $118.000 pesos aprox., como en población objetivo (90% más pobre quizás, así es más fácil de entregar). Hay harta evidencia de que, en pobreza, las familias no usarían este dinero para “tentaciones” sino que para ordenar las finanzas y mantener el hogar bien alimentado y bien tenido. Y muchísimo mejor financiarlo -al menos en parte- con impuestos transitorios, por ejemplo, a los más ricos o a las rentas más altas (cosas que se han hecho para los terremotos en gobiernos democráticos acá), que con deuda. Cuando haya que rescatar empresas, la posición fiscal de Chile permitiría endeudarse para ello (y ojalá hacerlo con condiciones, como en Alemania que a cambio del rescate el Estado puede meterse a regular o incluso a ser accionista de las empresas rescatadas).
Creo que hay dos razones que justifican la aprobación del proyecto de las AFP: Una, es que había alternativas mejores, y con disponibilidad de recursos. Éstas finalmente salieron tarde y en una versión aguada (expansión de transferencias directas, por más tiempo, a mayor cantidad de la población y hace meses). Además, esas alternativas fueron propuestas por los mismos economistas convocados por el gobierno al comienzo de la emergencia. Pero al mismo tiempo, el gobierno se cuadró con los $65.000 iniciales por demasiado tiempo, cuando sí sabíamos que con ese poco ingreso era imposible reforzar la cuarentena. A la quinta reforma rechazada, con la gente reclamando por hambre, no quedó otra que “echar mano” a los ahorros.
La segunda, es que las AFP han hecho bien la pega para las empresas. Pero no para las pensiones. Han sido una excelente institución financiera, pero una pésima institución previsional. La rentabilidad de los fondos ha sido alta (es decir, efectivamente los ahorros de las personas que han podido cotizar han crecido harto), para un montón de pensionados, la pensión simplemente no alcanza. En promedio son alrededor de $200.000 pesos, harto menos que el sueldo mínimo. La mitad recibe menos de $151.000 pesos (las cifras son públicas y pueden encontrarse en la página de la Superintendencia de Pensiones). Las AFP han hecho una mucho mejor “pega” para las empresas que financian: Significa una entrada de capitales importante, y eso permite fomentar la inversión y la creación de empleo. Pero cuando tenemos que dividir ese capital entre todos los pensionados, lamentablemente las personas no reciben la pensión que necesitan para sobrevivir. Menos en un país donde aún tenemos que pagar buena parte de las prestaciones de salud, aunque seamos viejos y donde el costo de la vida es alto (en parte esto es porque tenemos muchísima colusión y oligopolios, en un país “neoliberal”, porque no penamos con fuerza el delito económico). Esta contradicción fundamental que rompe la promesa de “mejores pensiones” de José Piñera, y el rol pasivo de las AFPs al no reaccionar frente a los bajísimos pagos de pensiones por vejez, hace que el sistema de pensiones (que se convirtió en una institución financiera, con beneficio previsional) no sea legítimo como tal.
En ambos casos -la defensa de un subsidio que no alcanza para nada y no querer expandirlo, y la defensa de las AFP como la componente principal de las pensiones- el gobierno no ha sido capaz de, como decía Ignacio, “rescatar la proposición del otro”. Como ya expuse, expertos de todo el espectro político pusieron argumentos sobre la mesa para amplificar la ayuda antes, y con mayores montos, para poder endurecer la cuarentena y tener menor impacto en muertes y en la economía a mediano/largo plazo. En caso de las AFP, ha costado mucho avanzar a tener un pilar solidario y una pensión básica solidaria, porque el componente que aporta el ahorro individual a través de rentabilidad, con toda su rentabilidad, NO alcanza. Y no va a alcanzar nunca, a menos que se mejore el sistema. Reformas que de hecho no eliminaban las AFP, como la creación de una AFP estatal (sobre todo para disciplinar el precio de las comisiones, pues hay menos AFPs que antes lo que baja la competencia), la expansión del pilar solidario y transferencias intergeneracionales (donde parte de los ahorros pueden complementar ingresos actuales de pensionados), fueron rechazadas permanentemente por el Congreso, y los cuórums altos para cambiar algunas leyes y la Constitución. Repito, estas reformas no querían eliminar a las AFP, sino que la relegaban a lo que en verdad son: un componente de las pensiones que ayuda a tener ahorro individual -para alivianar la carga al Estado que financia programas sociales- y para aportar capital a empresas, es decir, son un banco de inversión que tiene un beneficio de pensiones a través del ahorro individual, pero no el aportante principal de ellas. No lo va a ser mientras tengamos salarios bajos y alta informalidad. Y, aun así, tendríamos que complementarlas con mecanismos de solidaridad y transferencias intergeneracionales.
No escuchar tiene costos. Este costo fueron 8677 (al momento de escribir) vidas en estos meses de demora. Lo bueno de este proyecto es que abre la puerta para incluir cosas muy positivas: El proyecto se aprobó porque no quedó como defender a las AFP, que han funcionado mejor como banco de capitales que cómo generadoras de pensiones (su objetivo inicial). Entonces, nos deja la puerta abierta para construir desde esa deslegitimación del sistema. Pero con oídos sordos, sin rescatar la proposición del otro, sin partir el debate mirando al que está al frente como enemigo, vamos a terminar con un sistema igual de malo que el actual. No podemos permitirnos que, así como ahora estamos pidiéndole a las familias que se salven solas porque no fuimos capaces de generar mecanismos más solidarios de ayuda, terminemos también haciendo la última opción -el famoso mal menor- en pensiones. Podríamos tener un sistema ejemplar, mixto, que sume al pequeño aporte de las AFPs un componente solidario y de financiamiento estatal.
Cierro con el cliché. Hay que aprovechar esta tremenda oportunidad de reforma previsional y hacerlo bien. Para ello, tenemos que dejar la actitud del gobierno y algunos parlamentarios: Desconexión absoluta con la ciudadanía, que los llevó a defender a rajatabla por mucho tiempo, un sistema previsional cojo, que entrega pensiones de miseria. Misma desconexión que también los llevó a defender un ingreso de emergencia de $65.000 pesos, para que “la gente no termine dependiendo del Estado”, y más encima responsabilizando a la gente de no cumplir la cuarentena, con cero ingresos. Muchos de los miembros del gobierno no viven esta realidad, no han perdido ingresos, no han tenido o no tendrán problemas de previsión y seguridad social. No lo comprenden. No comprenden que la realidad empírica del país y sus familias no se condice con buena parte del modelo que nos impusieron.
Y no son sólo las AFPs: el modelo económico completo está cojo. Pero, así como se ha abierto una ventana de diálogo en materia previsional, tenemos un ventanal enorme de diálogo con el debate por la Nueva Constitución que se nos viene. Y ahí, la premisa de Ignacio vale más que nunca: Debemos rescatar la proposición del otro, no ser como este gobierno. Con matices, pues hay cosas que no podemos tolerar, como el racismo o el totalitarismo. No perder la conexión con la ciudadanía, hacernos responsables: Ir a votar, manifestarse, votar en conciencia e informadas/os, tener cuidado con lo que uno amplifica o deja de amplificar en redes sociales, entre otras. Somos, nuevamente, co-responsables del resultado político, más aún en estos tiempos. Si queremos que nuestro modelo y el país dejen de cojear, y que se haga justicia por las familias más vulneradas por este modelo, los que estamos en posición de privilegio (económica, educativa, política) no podemos seguir dándonos el lujo de hacer oídos sordos a sus demandas. Y también – y ahí está el desafío-, al que está al lado nuestro o al frente en la vereda política.
Comments